El secretario general de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, exigió hoy que la negociación que han retomado el Gobierno
y la oposición en Venezuela no se base en el “reparto de poder” sino en “la
redemocratización del país”.
“Exigimos
que no se negocie la paz, la democracia ni la libertad, porque son nuestros
bienes más altos y son irrenunciables, no podemos permitir que el Régimen haga
abdicar de sus bienes más altos a los venezolanos”, indicó hoy Almagro en su
cuarto informe sobre la situación en Venezuela.
“Paz,
democracia y libertad deben ser el resultado del diálogo, y no materia de
negociación. Las partes en diálogo deben escuchar la voz de la OEA en la
defensa de sus principios, que son los que le darán garantías al pueblo
venezolano”, agregó.
En
un vídeo de casi siete minutos, en el que resume las conclusiones de su
documento de 49 páginas, el excanciller uruguayo subraya que “ninguna
negociación debe estar basada en el reparto de poder, sino en la
redemocratización del país”.
Estas
son las primeras consideraciones de Almagro tras el anuncio del nuevo intento
de diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela que comenzó con unos
encuentros hace dos semanas en República Dominicana y está previsto que
continúe el próximo 27 de septiembre.
Almagro
pidió asimismo “admitir que la situación actual de la República Bolivariana de
Venezuela representa un riesgo para la paz y seguridad hemisférica, debido a la
grave crisis humanitaria y migratoria y los vínculos comprobados de estructuras
del Estado con el crimen organizado internacional”.
Además,
volvió a reclamar “que la comunidad internacional continúe aplicando sanciones
cada vez más duras contra el régimen y sus autoridades”.
Y
enumeró las peticiones que, a su juicio, se deben hacer al Gobierno de
Venezuela: anulación del proceso de Asamblea Constituyente, cese inmediato de
la represión, liberación de todos los presos políticos, “retorno al orden
constitucional”, realización de elecciones “libres, justas y universales, a la
brevedad y con observación internacional calificada”.
Y
también “la investigación a gran escala de los actos de figuras clave del
Régimen y sus subordinados, para garantizar la rendición de cuentas por los
crímenes cometidos contra la población civil”.
Al
respecto, Almagro ha promovido en la OEA la iniciativa insólita de celebrar
cuatro audiencias con el fin de que un grupo de expertos independientes
determine a final de octubre si hay fundamento para denunciar a las autoridades
de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa
humanidad.
La
OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí
cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del
Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
En
los 15 años de la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que
sería histórico que alguno de los países americanos lo hiciera ahora con
Venezuela.
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