El sector eléctrico en la República Dominicana ha sido tradicionalmente un cuello de botella para el crecimiento económico del país. Una prolongada crisis eléctrica y apagones e ineficaces medidas correctivas han llevado a un círculo vicioso de apagones habituales, altos costos operativos de las compañías de distribución, grandes pérdidas (incluyendo robo de electricidad a través de conexiones ilegales), elevadas tarifas minoristas para cubrir estas ineficiencias, bajas tasas de cobro de boletas, una significativa carga fiscal para el gobierno a través de subsidios directos e indirectos, y costos muy altos para los consumidores, ya que muchos dependen de una electricidad alternativa autogenerada muy costosa.1 Según el Banco Mundial, la revitalización de la economía dominicana depende en gran medida de una importante reforma del sector.
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