Ellos iniciaron un proyecto y montaron
una planta a gas de 600 megas, buscaron financiamiento, equipos, lugares, todo…
Cuando tienen todo montado no encuentran el gas, entonces hacen este estudio
que costó diez millones de pesos, buscando gas en el mundo. Explican por qué no
había gas en el mundo para el proyecto en ese momento y le presentan esto al
presidente, el presidente le autoriza entonces que volteen el proyecto y lo
hagan a carbón”. La cita es una transcripción que reprodujo el periódico
7dias.com.do el 19 de agosto de 2014, a la firma del periodista Panky Corcino,
sobre unas declaraciones emitidas ese mismo día por el vicepresidente ejecutivo
de la Corporación Dominicano de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén
Jiménez Bichara, durante un almuerzo para hablar a la prensa del proceso de
licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina.
El texto de la
transcripción sigue: “Cuando sale la licitación a cada participante le dio seis
meses, ellos (Odebrecht y sus socios) tenían tres años trabajando en eso. Tenía
financiamiento para cada tramo del proyecto con una salida de emergencia en
adición”. El medio le atribuye a Bichara decir que con esa ventaja, “raro era”
que perdieran el concurso.
El consorcio
integrado por la Constructora Norberto Odebrecht, Ingeniería Estrella y
Tecnimont, que ganó la licitación y ejecuta el proyecto de las plantas de Punta
Catalina, habría tenido otras ventajas, sin mencionar los sobornos que admitió
pagar a funcionarios en el país para allanar el camino en la ruta por conseguir
contratos.
Dos de las empresas
que participaron en la licitación, China Gezhouba Group Company Limited y el
Consorcio IMPE, se quejaron en varias ocasiones y ante los tribunales, de que
el Estado habría acogido a la empresa con la mayor propuesta económica, y con un
monto que violaba el tope establecido por el Congreso Nacional.
De hecho, la Ley de
Presupuesto General del Estado de 2014 estableció como monto máximo de
contratación para la Construcción Planta de Generación Termoeléctrica en
US$1,500 millones a ser concertados con la banca internacional.
El monto ofertado
por Odebrecht y sus socios fue de US$2,040 millones; en tanto que los otros
tres licitantes que hicieron oferta económica presentaron cifras inferiores al
tope de la Ley de Presupuesto.
“Se entiende que
todos los participantes debían tener precios menor al establecido” reiteró el
Consorcio IMPE, para enfatizar sus alegatos ante el Tribunal Superior
Administrativo (TSA).
En noviembre de
2013, otro de los participantes en la licitación de las plantas de Punta
Catalina, Posco Engineering y Constructión CO. LTD, pidió a la Dirección
General de Contrataciones Púbicas investigar y aclarar las relaciones entre la
empresa Odebrecht y la firma Stanley Consultants, contratada por la CDEEE para
ser asesora técnica de la licitación, debido a “un posible conflicto de
intereses susceptible de afectar la igualdad de los oferentes”.
Alegó que la firma
había tenido relaciones comerciales recientes con Odebrecht, y que,
“curiosamente”, ese era el único consorcio que no fue descalificado en la
primera fase de la licitación.
También el
movimiento cívico Toy Jarto, demandó ante Contrataciones Públicas investigar
los vínculos entre la asesora y Odebrecht. Para ello presentó un informe de MPR
Associates, firma internacional que había sido contratada por Odebrecht para
evaluar en 2012 (un año antes de las licitación) un proyecto de plantas a
carbón que le había sido ofrecido en venta.
Parte del informe de
MPR Associates que presentó Toy Jarto establece: “negociar por parte de Odebrecht
un acuerdo de asociación con Stanley Consultants para apoyar el desarrollo de
su propuesta para CDEEE y la estimación de costos del proyecto. Contactar a
Stanley Consultants para determinar los costos requeridos para completar el
diseño de la planta en base carbón ofrecida para la venta por Eastern Kentucky
Power Cooporative”.
En su defensa ante
Contrataciones Públicas, la CDEEE admite la evaluación MPR Associates , pero
aclara que el único rol de Stanley Consultants en el proceso es que ellos
fueron los diseñadores de la planta propiedad de Kentucky.
“En ese tenor, cabe
destacar, que en la medida de que se trata de un planta disponible para la
venta en el mercado, su evaluación y ponderación puede ser considerada por
cualquier interesado, entre estos, todos los participantes de la licitación que
fuere suspendida, por lo que resulta más que evidente y obvio que no existe
vínculo de naturaleza alguna entre Stanley Consultants y Odebrecht.
El consorcio
Odebrecht-Tecnimont-Estrella, a su vez, alegó que las denuncias y solicitudes
de investigación en su contra carecían de elementos probatorios contundentes.
La Dirección de
Contrataciones, que fusionó ambas instancias, consideró que “si bien es cierto
que MPR Associates recomendó a Odebrecht ponerse en contacto con Stanley
Consultants y negociar un acuerdo… no menos cierto es que no existe prueba de
que dicho acuerdo haya sido formalizado”.
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